El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos estaría enviando solicitudes legales a varias empresas tecnológicas para obtener información que permita identificar o rastrear a personas que han criticado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como Immigration and Customs Enforcement (ICE), en redes sociales.
Según reveló The New York Times, citando a cuatro funcionarios del gobierno y empleados del sector tecnológico que pidieron mantener el anonimato, las autoridades estarían utilizando citaciones judiciales para requerir datos personales vinculados a publicaciones consideradas anti-ICE.
Qué tipo de información se estaría solicitando
Entre las compañías que habrían recibido estas solicitudes figuran Google, Meta —propietaria de Facebook e Instagram—, Reddit y Discord.
De acuerdo con el informe, el gobierno estaría pidiendo datos como:
- Nombres completos de usuarios
- Direcciones de correo electrónico
- Números de teléfono
- Otra información asociada a las cuentas
El objetivo, según fuentes citadas por el diario, sería identificar a personas que han publicado mensajes críticos contra el ICE, en medio de un contexto de creciente tensión por las políticas migratorias.
Algunas de estas empresas habrían cumplido con ciertas solicitudes, aunque legalmente pueden optar por impugnarlas o negarse a entregar la información dependiendo de las circunstancias.
Posibilidad de impugnar las citaciones
El reporte también señala que algunas compañías notificaron a los usuarios afectados cuando recibieron las solicitudes gubernamentales. En esos casos, las personas tendrían entre 10 y 14 días para impugnar la citación judicial antes de que se entregue la información.
Este procedimiento forma parte de las garantías legales existentes en Estados Unidos cuando se trata de solicitudes de datos privados. Sin embargo, expertos en libertades civiles han advertido en otras ocasiones que este tipo de medidas puede generar preocupación sobre la protección de la libertad de expresión y la privacidad en línea.
Contexto: protestas y creciente escrutinio sobre el ICE
El ICE ha estado bajo intenso escrutinio público en las últimas semanas, especialmente tras incidentes ocurridos en la ciudad de Minneapolis. Allí, durante protestas contra redadas migratorias ordenadas por la administración del entonces presidente Donald Trump, agentes de la agencia dispararon y mataron a dos civiles, según reportes previos.
Estos hechos intensificaron las críticas hacia el organismo federal y provocaron manifestaciones en varias ciudades del país. En ese contexto, surgieron mensajes y campañas digitales con consignas como “ICE Out”, que se difundieron ampliamente en redes sociales.
Las protestas no solo han tenido repercusión política, sino también cultural. En San Francisco, por ejemplo, aparecieron carteles de protesta que combinaban la consigna contra el ICE con la imagen del “sapo concho”, un anfibio endémico de Puerto Rico en peligro crítico de extinción, popularizado recientemente por el artista Bad Bunny como símbolo cultural durante su gira.
La postura del gobierno
De acuerdo con el informe del Times, el gobierno ha defendido estas solicitudes argumentando que buscan garantizar la seguridad de los agentes del ICE que operan en terreno.
En tribunales, abogados de la administración habrían señalado que la recopilación de datos responde a la necesidad de prevenir posibles amenazas contra funcionarios federales, en medio de un clima de tensión social.
No obstante, el periódico sostiene que la administración también ha intentado acallar las críticas contra la agencia, en parte mediante la identificación de ciudadanos que se han manifestado en su contra.
Debate sobre libertad de expresión y privacidad
La revelación de estas solicitudes reaviva el debate en Estados Unidos sobre los límites entre la seguridad nacional y la protección de los derechos civiles.
Organizaciones defensoras de la privacidad y la libertad de expresión han advertido históricamente que la recopilación de datos sobre discursos críticos podría generar un efecto inhibidor, desalentando la participación ciudadana en debates públicos.
Por ahora, no se ha informado cuántas personas estarían afectadas ni el alcance total de las citaciones emitidas. Tampoco se ha confirmado si todas las compañías involucradas han cumplido con las solicitudes o si algunas han decidido impugnarlas en tribunales.
Lo que sí queda claro es que el uso de herramientas legales para obtener datos de usuarios en redes sociales se ha convertido en un punto sensible dentro de la discusión más amplia sobre migración, protesta y derechos digitales en Estados Unidos.
